La seguridad ante situaciones de riesgo y emergencias debe ser entendida como un derecho universal que no admite exclusiones ni discriminaciones. Hay que abordarla con planteamiento inclusivo que incorpore a las personas que presentan alguna discapacidad. Por ello, decir SIN BARRERAS implica un compromiso en la adecuación de los sistemas de alerta temprana, en la comunicación de medidas de protección y en el acceso a la comunicación con los servicios de emergencia.

Este COMPROMISO ha de ser asumido en primer lugar por las Administraciones Públicas pero necesita y exige la coparticipación de los colectivos afectados. En la gestión de las emergencias cada día resulta mas evidente el reconocer a la ciudadanía como elemento activo de participación, no solo como receptor de instrucciones, sino como gestor de iniciativas y parte en la toma de decisiones. Con mayor razón hay que atender a este planteamiento cuando nos dirigimos a colectivos con singularidades que pueden hacerles mas vulnerables ante situaciones críticas y de urgencia.