La afectación al patrimonio cultural

Tras el largo periodo de intensas lluvias que han azotado a nuestro país, el foco informativo se ha centrado en lo más llamativo: carreteras anegadas, viviendas dañadas y cosechas perdidas. Sin embargo, en medio de este relato de la gran emergencia, hay un gran ausente: la afectación al Patrimonio Cultural.

El verdadero desafío es una cuestión estructural: el cambio climático está alterando los patrones de precipitación, intensificando fenómenos extremos y sometiendo al patrimonio construido y mueble a ciclos de estrés para los que no estaba preparado.

España no es solo territorio habitado; es territorio heredado. Bajo el barro pueden quedar ocultos restos de villas romanas, yacimientos prehistóricos o baños y molinos árabes. La humedad persistente puede acelerar la degradación de retablos, artesonados y archivos parroquiales. Las escorrentías pueden desestabilizar murallas de castillos y erosionar conjuntos arqueológicos que no fueron construidos para episodios extremos tan frecuentes.

Por el contrario, rara vez encontramos datos tras un episodio de lluvias sobre cómo y cuántos bienes protegidos han resultado afectados o qué medidas se han adoptado. El patrimonio histórico parece quedar relegado a un segundo plano. Ignorar su vulnerabilidad frente al cambio climático es una forma silenciosa de dejar que se pierda.

No se trata solo de restaurar cuando el daño ya es palpable, sino de incorporar la gestión del riesgo en la planificación patrimonial y de emergencias: cartografiar amenazas, analizar riesgos, evaluar vulnerabilidades, elaborar planes de emergencia y destinar financiación específica a la adaptación climática del patrimonio histórico.

Las lluvias recientes deben servir como llamada de atención. Así como se evalúan los daños en carreteras o redes eléctricas, es imprescindible conocer el estado real de nuestros bienes protegidos, porque cada grieta o eflorescencia no atendida hoy puede convertirse en una pérdida irreversible mañana. Proteger el patrimonio es una responsabilidad pública que exige planificación, transparencia y compromiso.

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